“A los últimos compañeros que echaron les indicaron que era por estar formando un gremio” señaló Carlos Marchesani, uno de los trabajadores perjudicados por la política de los empresarios que toman estas medidas contra la libertad y democracia sindical. Asimismo, frente a la rápida organización de los trabajadores de otras ramas que se organizaron en asambleas y decidieron un plan de acción, más de la mitad de los empresarios de las compañías contratistas participaron de la asamblea, que se realizó el pasado miércoles en la sede de ATE de esa localidad, para revertir la situación de los trabajadores despedidos.
“Estamos esperando la conciliación obligatoria, de no lograr la reincorporación tomaremos las medidas de fuerza necesarias” indicó Horacio Calarco, secretario General de la regional de la CTA Chacabuco, y agregó “consideramos que el motivo de la expulsión laboral es por la organización de un gremio, desde hace dos años, en defensa de todos los trabajadores del sector metalúrgico”.
Ya son cuatro los trabajadores despedidos en el transcurso de este año. Son trabajadores del sindicato de la UOM subcontratados por industrias del maíz para hacer el mantenimiento de las fábricas, que ante la creciente precarización laboral y al no encontrar respuestas a sus reclamos decidieron formar el gremio SITRIM- Sindicato de Trabajadores Industriales Metalúrgicos- en el marco de la CTA.
El primer trabajador en recibir el telegrama de despido estaba cumpliendo con su función de conducir el incipiente sindicato. Fue reemplazado por Carlos Marchesani, de la firma SOLCATEC, quien corrió el pasado lunes 23 de abril la misma suerte que su antecesor, al igual que dos trabajadores de la contratista VISCO que también forman parte de la nueva organización sindical.
Ante estos hechos, la CTA Chacabuco decidió: convocar al diálogo a la patronal para la reincorporación de los compañeros; declarar a la CTA en estado de alerta y movilización; y de no obtener respuestas informaron que impulsarán una investigación fiscal de todas las empresas metalúrgicas de la región.
Derecho a organizarse para vivir dignamente
Carlos Marchesani tiene 40 años y dos hijos. Está esperando a que lo desalojen de la propiedad en la que habita porque no le alcanza para pagar el alquiler. Percibe una paga de 1400 pesos, pero factura por 600, y por lo tanto no puede acceder ni a un crédito de una heladera. Su sueldo corresponde a una categoría de operario, pero trabaja como oficial. Desde hace 14 años es trabajador de la industria del maíz, solo que desde hace un año, como 150 compañeros más, están distribuidos en 20 empresas contratistas.
Hasta el viernes 20 de abril pertenecía a la firma metalúrgica SOLCATEC, propiedad de Miguel Rojas, empresa contratada por al industria del maíz. Ese día le informaron que la empresa prescindía de sus servicios sin justificación. El lunes 23 de abril recibió el telegrama de despido. Un día después les tocó la misma suerte a dos compañeros que trabajaban para la firma VISCO, también contratista de la industria del maíz en esa localidad.
A Carlos los 15 años de trabajador metalúrgico no le alcanzaron para tener una vivienda propia, su recibo de sueldo jamás llegó a indicar la suma que percibía. Ahora, como tres de sus compañeros, está desempleado. ¿El motivo? organizarse y pelear por el derecho a vivir como les corresponde a todos, en condiciones dignas.
