En su estadía en el país (entre el 3 y el 7 de mayo), los técnicos de la OIT - entidad que mantiene un reclamo al Gobierno para que equipare a la CTA con la CGT- harán un relevamiento sobre la situación gremial en la Argentina y mantendrán encuentros con sindicalistas, empresarios y miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Consciente de la posibilidad de recibir un reprimenda de la OIT por no cumplir con los parámetros de libertad sindical establecidos por el organismo, trascendió que el Gobierno trabaja desde hace semanas en una adecuación de la Ley de Asociaciones Sindicales y podría anunciar medidas al respecto esta semana.
Las enmiendas a la normativa contemplarán la protección de los delegados y activistas de los sindicatos simplemente inscriptos (aunque no reconocidos plenamente) y la facultad de esas organizaciones de cobrar una cuota a sus adherentes, hasta ahora limitado sólo a los sindicatos con personería gremial.
De todos modos, aún se desconoce si el Gobierno otorgará finalmente la personería gremial a la CTA.
Por su parte, los diputados de los seis bloques mencionados se abocaron a unificar sus iniciativas a favor de la libertad y democracia sindical y presentarán un proyecto común.
Los legisladores solicitarán también que la delegación de la OIT reciba a cada uno de los bloques que conforman la Cámara Baja y pedirán al diputado Héctor Recalde que el pleno de la Comisión de Legislación Laboral se reúna con los técnicos del organismo internacional.
También convocarán a una audiencia pública para el próximo martes en el Anexo de Diputados, donde expondrá el miembro de la OIT Mario Ackerman y representantes de organizaciones sindicales a las que se les niega la libertad sindical (entre ellos Subtes, Gastronómicos y Transportistas).
Por su parte, el Gobierno buscará continuar dilatando el reconocimiento a la CTA, pero al menos introducirá cambios a la ley vigente para satisfacer en parte a la OIT, y evitar una condena del organismo en su conferencia anual, prevista para julio.
