El conflicto entre los trabajadores y EDEA S.A comenzó hace 23 días cuando la empresa decidió de forma unilateral y arbitraria desconocer el dictamen 1197/09 del Ministerio de Trabajo, de la Regional Mar del Plata.
“Nosotros comenzamos con esta medida de acción directa con el exclusivo propósito de que la empresa cumpla con una Resolución del Ministerio de Trabajo que es el ámbito de aplicación. Y la verdad es que EDEA ha demostrado su desprecio por la democracia, y por las instituciones democráticas y, lo que es peor, tienen un alto grado de actuación, permanentemente, de manifiesta impunidad”, completó Rigane.
En una reunión de mediación realizada en La Plata con representantes del sindicato de Luz y Fuerza, del Ministerio de Infraestructura y Energía y de OCEBA –organismo de contralor-, EDEA mantuvo su postura de desconocer el dictamen del Ministerio de Trabajo.
“Desde aquel momento hasta hoy, con 23 días de conflicto en la calle no ha cambiado absolutamente nada. EDEA ha profundizado el conflicto y no está dispuesta a conversar a pesar del dictamen del Concejo Deliberante de Mar del Plata que la intima a cumplir con el dictamen mencionado y que además se solidariza con el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata”, reflexionó Rigane.
El último martes cientos de trabajadores caminaron por las calles del centro de la ciudad e instalaron una radio abierta en la peatonal San Martín y San Luis para denunciar la conducta arbitraria de la EDEA.
En tanto, por estas horas el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene que resolver el pedido de apelación presentado por la empresa. El secretario de Luz y Fuerza Mar del Plata, aseguró que “el Ministerio de Trabajo de la Provincia no va a hacer otra cosa que reafirmar lo decidido por el Ministerio Regional Mar del Plata. No tiene que hacer otra cosa. Si no estaría desconociendo su propia institución”.
Con su postura arbitraria EDEA desconoce el decreto 1208 que rige las obligaciones que tiene el concesionario de la distribución de energía en la Provincia de Buenos Aires. Según explicó Rigane, “la empresa se encuentra al límite de que el Gobierno le quite la concesión por violar el marco regulatorio”.
Por último, Rigane aseguró que los trabajadores continuarán con las medidas de protesta e instalarán el conflicto en la opinión pública con el objetivo primero de que la empresa cumpla con el dictamen del Ministerio de Trabajo, y luego insistir para que vuelva sobre sus pasos con la decisión de descontarle a los trabajadores los días de paro.
Rigane denunció que dentro de la EDEA, los trabajadores “viven en una cárcel”. “Estamos rodeados de cámaras, de micrófonos para vigilar a los trabajadores. La empresa utiliza esas filmaciones para hacer presentaciones en la justicia penal para denunciar a los trabajadores por pegar afiches o repartir panfletos con la intención de judicializar la protesta”.
