La policía entró violentamente en las casas ante la mirada temerosa de los niños, violando la intimidad de las familias trabajadoras. Desde el otro lado de la calle, donde se ubicada el country Gran Bell que ocupa con total impunidad hasta una calle pública, observaban el espectáculo vecinos notables, funcionarios y legisladores.
Al cierre de esta nota, dirigentes de la CTA intentan inútilmente ser recibidos por el juez. Lo explicó a ACTA Carlos Leavi, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Regional La Plata-Ensenada.
¿Los tomó por sorpresa el desalojo?
Estas familias ocupan los terrenos desde hace más de veinte años. Habíamos llegado a un acuerdo con el propietario de los terrenos que es la empresa Ferrobaires y estábamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura en la relocalización de los compañeros. Sorpresivamente el juez Cesar Melazzo, ordenó el desalojo.
¿Se verificaron negociaciones?
El juez no ha querido recibir hasta ahora a ningún dirigente de la central.
¿Cuáles fueron las características del desalojo?
Absolutamente violento. Entraron a las casas cuando los jefes de familia ya se habían ido a trabajar y están solo los más chiquitos, en algunos casos con la madres o alguna vecina. Porque muchas de las mujeres trabajan en tareas de limpieza por hora. Vinieron con camiones para llevarse las pertenencias.
¿Adonde?
Habría que preguntarle al juez. Nosotros estamos trabajando en la reubicación, todo estaba planificado. No sé, el juez pensará dejar a toda esta gente en algún terreno baldío, a la intemperie.
¿Qué van a hacer ahora?.
Cuando la mayoría de los chiquitos vuelva de la escuela van a encontrar que su casa ya no existe. Nuestra prioridad es encontrarles alojamiento. Ver que no se separen las familias. Primero hay que salir de esta emergencia. Jode ver a la gente de enfrente, esos del country que hasta ocupan una calle pública seguros de que nadie piensa en desalojarlos. En ese barrio viven empresarios, funcionarios, legisladores.
