Aún así, el mercado laboral en ese período evidenció dificultades que seguramente se ven agravadas en el escenario actual y el de los próximos meses.
En el 1° trimestre del año la tasa de desocupación alcanzó el 9,1%; casi dos millones de personas desocupadas en el país. La persistencia de un elevado nivel de desocupación se refleja en un aumento en la duración del desempleo: el 39,4% de los desocupados lleva más de un año en la búsqueda de una ocupación.
En los 4 primeros meses de 2018 no se generó en absoluto empleo registrado, dado que el escaso aumento en el empleo asalariado fue compensado por una caída en la cantidad de trabajadores independientes, revirtiendo la tendencia previa.
La principal rama de actividad afectada fue la industria: la caída del empleo en este sector no cesa desde el inicio del nuevo gobierno. En los primeros 4 meses del año se perdieron 10.300 puestos registrados (-0,9%), que implican en total una reducción de 73.800 puestos desde diciembre de 2015, es decir, una caída total de 5,9%.
El poder adquisitivo promedio de las remuneraciones registradas del sector privado tuvo una leve caída en el 1° cuatrimestre. Para los próximos meses sólo cabe esperar una reducción mayor como resultado de la aceleración inflacionaria. Si bien en las últimas semanas algunos gremios lograron aumentos en torno al 25%, ello tampoco garantiza mantener el poder adquisitivo ante proyecciones de inflación que superan el 30% anual. Puede proyectarse que aumentos salariales del 15% implicarían como mínimo una pérdida de poder adquisitivo del 12% a fin de 2018, mientras que aumentos del 25% se corresponderían con una reducción del 4%.
En el caso del sector público, las pérdidas de salario real resultan mayores que en el sector privado. Ante la intención del gobierno de reducir la masa salarial como uno de las principales formas de ajuste fiscal comprometidas ante el FMI, cabe avizorar una importante disminución real para este año.
Las pérdidas de poder adquisitivo se vuelven dramáticas en el caso del salario mínimo, vital y móvil, ante la decisión que tuvo el gobierno en 2017 de fijar un aumento muy bajo por Decreto y romper la negociación en el ámbito del Consejo del Salario. También sufren importantes pérdidas los haberes jubilatorios y la asignación universal por hijo, determinadas por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
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