La orientación de la reforma está implícita en los objetivos que plantea. Al igual que durante la última dictadura militar y el menemismo, se busca flexibilizar el mercado de trabajo, y se visualiza al derecho laboral protector de los trabajadores como un factor “distorsivo” que debe eliminarse.
Si bien se afirma que la reforma favorecerá la creación de puestos de trabajo, los efectos son más bien los contrarios ya que se facilitarán y reducirán los costos de despido. Así, es improbable que la transferencia de ingresos desde el trabajo al capital redunde en mayores empleos, del mismo modo que las reformas laborales de los noventa, con lineamientos similares, fueron contemporáneas a una mayor desocupación.
