Esta cruel decisión provocaría que más de 600 trabajadores pierdan sus puestos de trabajo y miles de pacientes queden sin atención, en un contexto de agudización de las problemáticas de salud mental e incremento de la demanda en los efectores públicos de salud como consecuencia de la actual crisis económica y social.
Esta medida arbitraria e intempestiva del Gobierno de Milei forma parte de un plan sistemático de desfinanciamiento de políticas públicas de salud y eliminación de organismos públicos que garantizan derechos a la población.