Teniendo en cuenta los datos arrojados en la encuesta que realizó el CELS y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) durante septiembre del año pasado, el 65% de les inquilines del AMBA habían perdido ingresos y el 80% habían contraído deudas para costear los gastos cotidianos. Los resultados de la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300 mil hogares arrastran deudas de hasta 5 meses.
Además, muchos propietarios han iniciado juicios durante 2020. Por eso, muchos de estos casos judicializados empezarán a dictar desalojo.
En este marco en que les habitantes de la provincia de Buenos Aires sufren las consecuencias de pandemia, exhortamos al Estado Provincial para que genere los mecanismos necesarios para resguardar y proteger a las miles de familias que viven en barrios judicializados o por judicializar o inquilines en la misma situación, y evitar que se multipliquen las ejecuciones por desalojos.
