El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a tres integrantes del Batallón de Aviación 601: Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Eduardo Lance, así como a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares. El fallo marca un hito al dar por acreditada la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo como mecanismo de exterminio instrumentado por el Ejército durante la dictadura.
Por primera vez, la Justicia argentina dio por acreditado lo que hace décadas se denuncia: que en Campo de Mayo se usaron aviones del Ejército para eliminar a personas que estaban secuestradas y que eran adormecidas antes de ser arrojadas a las aguas del Río de La Plata o del Mar Argentino. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a tres integrantes del Batallón de Aviación 601 –con sede en la principal guarnición militar del país– y a Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares, a prisión perpetua. El tribunal ordenó que todos ellos, salvo Riveros, vayan a cárcel común si los estudios médicos confirman que están en condiciones.
Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini condenaron este lunes por la tarde a Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza y Eduardo Lance, quienes fueron los cuadros jerárquicos del Batallón de Aviación 601 entre 1976 y 1977. Además, Riveros recibió su décimosexta sentencia a prisión perpetua por haber tenido bajo su órbita de influencia todo lo que sucedía en Campo de Mayo.
La sentencia marca un hito al reconocer la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo y, por ende, como mecanismo de exterminio ejecutado por el Ejército. En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a dos pilotos que manejaron los vuelos de la muerte con los que la Armada se deshizo de sus detenidos-desaparecidos. Ese mecanismo se acreditó en el caso de las Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y el resto de los secuestrados en el operativo de la Iglesia de Santa Cruz de diciembre de 1977.
En este caso, el TOF de San Martín analizó lo sucedido con cuatro víctimas que estuvieron secuestradas en el Campito, uno de los centros clandestinos que funcionó dentro de la guarnición del Ejército, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas argentinas. Fueron los casos de los estudiantes secundarios Juan Carlos Rosace y Adrián Accrescinbeni –secuestrados el 5 de noviembre de 1976–, de Roberto Arancibia –el militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) raptado el 11 de mayo de 1977 mientras estaba en su casa con su compañera y con sus dos hijitos– y de Rosa Eugenia Novillo Corvalán –secuestrada entre octubre y noviembre de 1976–.
Por estos hechos, el TOF responsabilizó a quienes integraron la estructura del Batallón de Aviación y a Riveros, que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares. Sin embargo, el tribunal le pidió a la jueza Alicia Vence que profundice la investigación sobre quienes actuaron como pilotos y copilotos de los vuelos de la muerte.
Formas de reparación
A Arancibia lo secuestraron el 11 de mayo de 1977 de su departamento en la avenida Paseo Colón. Estaba con su compañera, María Eugenia Zago, que era médica y, como él, militante del PRT. En la casa también se encontraban sus dos hijitos, Adriana y Martín. Durante el juicio, Adriana compartió un recuerdo que la acompañó durante más de cuatro décadas: su deseo de ponerle "una curita" a su papá porque lo habían lastimado. A Arancibia y a Zago se los llevaron. A los chicos inicialmente los dejaron y luego los trasladaron al Instituto Riglos —una institución para menores—.
El 24 de noviembre de ese año, el diario Clarín publicó una nota sobre Adriana y Martín, que llevaba por título "Buscan a familiares de dos niños abandonados". El artículo decía que el 11 de mayo de 1977 se habían encontrado "perdidos" o "solos", lo que a todas luces era mentira. Como forma de reparación, el TOF 2 de San Martín ordenó comunicar la sentencia al Grupo Clarín para que rectifique esa información.
Cárcel común
Los jueces Venditti, Rodríguez Eggers y Mancini, además, dispusieron que el Cuerpo Médico Forense (CMF) practique estudios sobre Arce, Lance y Malacalza para determinar qué patologías tienen y si pueden cumplir la condena en cárcel común. Esa resolución fue especialmente shockeante para Lance, que se agarraba la cabeza desde su casa mientras una mujer que lo acompañaba gritaba frente a la computadora.
Mientras tanto, el TOF le pidió al Ministerio de Justicia de la Nación que los incorpore al programa de vigilancia electrónica y que les coloque dispositivos de geolocalización. El caso de Riveros —el genocida multicondenado— es distinto porque está en libertad condicional, que no se hace efectiva porque aún también está a disposición de un tribunal en Comodoro Py.
La fase final
La mecánica de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo se reconstruyó, en el juicio que se inició en octubre de 2020, gracias a las declaraciones de decenas de exconscriptos que relataron lo que vieron allí entre 1976 y 1977. Ellos reconfirmaron la información que habían dado contados integrantes de los servicios de inteligencia en los primeros meses de la democracia, cuando se presentaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). También el tema de los vuelos de la muerte estuvo presente en la confesión pública del sargento Víctor Ibáñez a mitad de la década de 1990.
El sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati pudo relatar cómo vivían los detenidos-desaparecidos los días en los que llegaban los camiones a la zona en la que estaba emplazado el Campito. Allí, escuchaban cómo nombraban a distintos secuestrados. Todo sucedía mientras los camiones tenían sus motores en marcha. Después, la ropa de los detenidos-desaparecidos era incinerada. En general, los “traslados” sucedían de una a tres veces por semana.
En algunos casos, los conscriptos encontraron pertenencias de hombres o mujeres cerca de la pista donde carreteaban los aviones que salían de noche de la guarnición de Campo de Mayo. Algunos relataron haber hallado ampollas de Ketalar, la droga que se usaba para adormecer a quienes serían arrojados a las aguas. Según los recuerdos de los exconscriptos, el destino común que tomaban las aeronaves era Punta Indio.
Durante el año 1976, el avión que se empleó para los vuelos de la muerte –según reconstruyeron la fiscalía y las querellas– fue un Twin Otter, que se encuentra aún operativo en Canadá. En 1977, el Ejército adquirió los Fiat G-222 –que fueron hallados durante una inspección que realizó el TOF en Campo de Mayo–. Esas aeronaves serán emplazadas en el sitio de memoria que el gobierno nacional prepara en la guarnición militar.
