En noviembre de 2012 la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja del Congreso de la Nación firmó el dictamen que declara al 8 de mayo como el Día Nacional Contra la Violencia Institucional.
La Violencia Institucional refiere a todo abuso de poder, físico o psicológico, que ejerce el Estado en cualquiera de sus niveles y dependencias sobre personas u organizaciones de la sociedad civil. Una de las formas en que esa violencia se manifiesta es precisamente a través de las fuerzas policiales que precisamente concentran el poder punitivo del Estado.
La violencia policial tiene su costado más demencial en el gatillo fácil, pero hay que buscarla también en determinadas prácticas de abuso policial como hostigamientos y persecuciones, operativos compulsivos de documentación, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, o intervenciones que impliquen el uso de la fuerza sea en manifestaciones o en el marco de operativos de rutina de "seguridad" y "orden", en coimas, armados de causas que desde el ejercicio del poder convierten ese modo de intervención en un mecanismo de control y discriminación social.
Es necesario entonces desarticular aquellas prácticas, discursos y miradas que convierten a vastos sectores sociales como enemigos. Para ello y en primera medida es necesario reconocer nuestros Derechos, difundirlos y ponerlos en ejercicio. En este sentido la Ley N.º 26.811 y las jornadas de reflexión sobre la Violencia Institucional que ésta inspira pueden ser una herramienta útil a utilizar en todos los ámbitos de organización social, tales como centro de estudiantes, organizaciones barriales, sociales y juveniles.
