La reforma procesal penal que promueve el gobierno provincial es cuestionada por múltiples razones; es inconsulta: con relación a los sujetos individuales y plurales que se verán afectados por ella (asociaciones civiles que defienden los derechos humanos, asociación de trabajadores, etc.); igual calificativo con relación a los centros de estudios universitarios que existen en el territorio provincial; misma calificante con respecto a los colegios profesionales de abogados, etc.; y así podría continuarse la lista hasta el cansancio; por ello está bien que reciba el estigma de una norma hecha con meros fines electoralistas.

Trata de sacarle el discurso a la derecha cerril, abanderada de la mano dura, y de opacar el desastre carcelario y judicial, adecuadamente analizado por fallo del Más Alto Tribunal de Justicia de nuestra Nación. Pretendiendo con un mero maquillaje, y además errático, adecuar el sistema procesal penal olvidándose de la realidad socioeconómica-cultural de la sociedad a quien pretende servir.

La democracia impone debate, intercambio de opiniones, consulta. Todo ello ausente en el trámite de la reforma que se pretende implantar. Y no basta con la opinión de nuestros representantes (diputados y senadores), el tema los excede más que ampliamente.

Ellos expresan un lineamiento originado en cada uno de sus partidos políticos y en las bases o programas que han hecho públicos al momento de preparar la arena electoral.

Pero los tiempos han continuado sucediendo y con ellos los hechos que ameritan la necesidad de una reforma, más no a cualquier precio, sino solo aquella que consensuadamente permita la más amplia opinión de la sociedad.

ps:

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