La llamada crisis internacional que jaquea al centro del mundo capitalista, con epicentro en Estados Unidos, pone al descubierto el fracaso de las políticas de sometimiento económico, político social y militar que nos impusieron a los pueblos durante la etapa de desregulación comercial y financiera neoliberal. Hoy les toca a las potencias centrales sufrir las consecuencias de ese modelo basado en la especulación financiera, generando una salvaje concentración de la riqueza que deja afuera a más de la mitad de la población mundial, subsumida en el hambre, el desempleo y la falta de posibilidades para una vida digna. Fueron esos grupos concentrados de la Economía, junto a los países más poderosos los que provocaron esta crisis civilizatoria (las 200 empresas más grandes del mundo poseen la misma riqueza que los 150 países menos desarrollados). Sin embargo, los grupos económicos que detentan los resortes de la economía mundial junto a las potencias centrales van a querer que esta crisis que generaron ellos la paguemos los trabajadores y el pueblo. Ahora plantean la intervención del estado en la economía para que les brinden salvatajes millonarios que permitan mantener las superganancias en vez de utilizar esos recursos para desterrar el hambre y generar condiciones dignas de vida en la población mundial.
Frente a esta hecatombe, América Latina viene recorriendo otro camino desde los movimientos populares y los trabajadores, con gobiernos populares como los de Hugo Chávez, Lula Da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo, construyendo un proyecto de sociedad con mayor soberanía, recuperando los recursos energéticos y estatizando puntos clave de la economía; con mas participación popular, plebiscitando y consultando a los pueblos sobre las grandes definiciones sobre el modelo de país en el que queremos vivir; redistribuyendo la riqueza para recuperar derechos sociales: salud, educación vivienda.
Estos dos modelos de sociedad son los que hoy están en disputa en Argentina. Los grupos de empresarios como la UIA y las patronales agrarias, se montan en el discurso de la crisis y presionan con despidos o cortes para que les bajen impuestos o les brinden mejoras que les permitan seguir ganando como lo vienen haciendo desde hace 5 años. Cinco años de un crecimiento económico que permitieron recuperar en parte el salario de los trabajadores formales e informales y reducir la desocupación a un dígito, pero que no llegaron a 14 millones de argentinos que continúan por debajo de la línea de pobreza percibiendo a lo sumo los mismos 150 pesos que en el 2001. Se avanzó en la recuperación de Aerolíneas, las AFJP y la empresa constructora de aviones para que quedaran en manos de nuestro Estado, pero la matriz redistributiva continúa siendo profundamente desigualitaria. Frente a este escenario, somos los trabajadores organizados los que tenemos que plantear la salida de la crisis para adelante, instalando con la mayor fuerza en la agenda pública el tema central de la redistribución de la riqueza como base para generar un nuevo modelo productivo, soberano, que recupere los derechos sociales básicos para nuestro pueblo como a la alimentación, el trabajo digno, la educación, la salud, vivienda y el acceso a los bienes culturales entre otros.
Sabemos que estos objetivos los vamos a lograr con la movilización, la organización y la unidad de las organizaciones sociales y políticas del campo popular, convocando a más y más argentinos a esta causa. Ese es el camino que venimos transitando junto a miles de compañeros día a día, cotidianamente en nuestras luchas locales, construyendo unidad con la paritaria social y avanzando en la Constituyente Social, donde nos vimos las caras en Jujuy para debatir que país nos merecemos, culminando el año pasado en la multitudinaria marcha del 12 de Diciembre donde nos movilizamos 50.000 compañeros denunciando que el hambre es un crimen y planteando las medidas para que la crisis no la paguemos los trabajadores: La asignación universal para los pibes, prohibición de los despidos por 180 días, el 82 % móvil en las jubilaciones y el aumento y la universalización de las asignaciones sociales para los jefes de familia desocupados.
En nuestro país, pero fundamentalmente en nuestra provincia de Buenos Aires, existen las riquezas suficientes para conseguir estos reclamos: tenemos campos, polos industriales de avanzada, industria pesquera, y mucho mas, sin embargo también tenemos los focos de pobreza más grandes en el conurbano bonaerense. En vez de discutir cómo distribuir equitativamente esas riquezas, los Solá-Narváez y el Gobernador Scioli están planteando combatir la supuesta inseguridad, impulsando la baja de imputabilidad de los menores, criminalizando a niños y jóvenes en vez de asegurar sus derechos destinando recursos para la Ley 13.298 de promoción y protección de los derechos del niño.
En estas batallas, desde la juventud jugamos una tarea crucial, por eso no perdemos el entusiasmo de marchar, luchar y organizarnos en los barrios, en las escuelas, en los puestos de trabajo para llegar a ser dueños de nuestro propio destino en una patria liberada junto a nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos una historia a seguir: a 40 años del Cordobazo somos los hijos de nuestra maravillosa clase trabajadora que nos marca el camino. Estamos marchando.
