El pasado jueves, diferentes representantes de la CTA y una línea del SUTEBA, se reunieron con los jóvenes en Hipólito Yrigoyen 3075, en San Justo, lugar en el que desarrollan cotidianamente su labor, en algunos casos, desde hace cinco años y bajo el mismo régimen de pasantías.
De acuerdo a lo que contó Débora, una de las estudiantes inmersas en este plan, “en septiembre se nos vence este último contrato que comenzamos hace un mes y medio y que todavía no firmamos. Hace seis meses que estamos como monotributistas eventuales y el tema del pago es siempre igual: Cobramos 800 pesos los días veinte de cada mes”.
“A principios de abril hablamos con la Unlam y acordamos seguir igual porque no nos podían dar el cambio de la ley de pasantías. Lo que negociamos es que el Ministerio nos deposite el dinero para pagar el monotributo, que son 68 pesos más”, aseguró.
Sin embargo, de los haberes que corresponden al mes de julio y que deberían haber recibido la semana pasada, todavía no hay noticias: “Se nos llamó diciendo que el Ministerio ya había depositado el dinero en la Unlam, pero era todo mentira porque la plata no está. Es más, nos decían que era casi imposible porque todavía no mandaron las facturas”.
“También este jueves, gente del Ministerio se comunicó con nosotros asegurando que lamentaban la situación. Pero ya hemos tenido diálogo y varias veces nos dijeron que las cosas iban a cambiar, aunque nunca hubo nada certero”, admitió.
Es por eso que luego de la reunión del jueves, que coincidió con un cese de actividades, este lunes a las 9 repetirán la medida de fuerza, bregando por establecer contacto con algún funcionario que pueda darles respuestas.
“Haremos un paro activo en la puerta del lugar en el que trabajamos, donde entregaremos panfletos y colgaremos la bandera con nuestro reclamo, porque no creemos que para el lunes el pago esté depositado. Queremos obtener alguna respuesta o que alguien se acerque a dialogar con nosotros sobre lo que va a pasar”, contó la joven.
El problema de fondo
Además del tema salarial y de las irregularidades a la hora del cobro, la base del conflicto tiene que ver con el trabajo en sí y la trayectoria que los pasantes poseen en dicha labor: “La realidad es que estos son puestos que deberían estar cubiertos por trabajadores y que ya dejaron de ser pasantías”, explicó Reigada.
De este modo, la dirigente remarcó que “una pasantía la realiza un estudiante que hace una práctica laboral sobre lo que está estudiando, recibiendo acompañamiento pedagógico y sin reemplazar un puesto de trabajo”.
Paralelamente, Débora si bien dio cuenta que el momento de aprendizaje “ya pasó”, argumentó que dentro de su desarrollo, la tarea “nunca se cumplió como pasantía porque tenemos un tutor académico que nunca conocimos y tampoco presentamos informes. Es un trabajo encubierto dentro de una pasantía”.
Pero la puesta en funcionamiento del programa Familia en La Matanza y bajo este mismo régimen, movido por aproximadamente 50 jóvenes, no provoca únicamente el descontento de los estudiantes que trabajan en San Justo, sino que también quienes lo realizan en Villa Madero y González Catán, estarían en iguales condiciones.
“El tema es que desde Desarrollo Social no se ha previsto cómo generar estos puestos de trabajo para efectuar todas las tareas que ellos están llevando a cabo porque en realidad, este plan con los pasantes se ha mantenido durante varios años”, sentenció Reigada.
Por eso, la mujer remarcó que el problema de fondo es que estas pasantías “ya deberían haberse convertido hace mucho tiempo en puestos de trabajo con estabilidad y considerados en todo lo que significa el Derecho del Trabajo”.
Asimismo, al referirse a las medidas de fuerza desarrolladas por los estudiantes, contó que “vienen tomando decisiones desde hace mucho tiempo. De hecho nos hemos movilizado a Desarrollo Social para hablar con la responsable del programa Familia, María Gabriela Miranda”.
No obstante, comentó que el próximo paso que se proponen dar es el de intentar acceder a una entrevista “con alguien que pueda tomar ya una decisión profunda para resolver este problema”.
“Queremos que se regularicen los pagos y que se mejore la situación, de acuerdo a la trayectoria que tenemos en el lugar. Como monotributistas eventuales, no tenemos tantos beneficios como el que pertenece a una la categoría común”, resumió Débora.
Entre las organizaciones acompañantes se encuentran la CTA de La Matanza, Pablo Reyner de la juventud de la CTA nacional y Pablo Macia de juventud de CTA provincial, representantes del Suteba regional y de la Comisión interna de Foetra de San Justo.
(dIrionco) Nora Adámoli – Nova.periodismo@gmail.com
