La Oficina de País de la OIT para la Argentina elaboró un informe sobre la informalidad laboral en Argentina entre 2003 y 2012 con un doble objetivo. Por un lado, caracterizar la reducción reciente del empleo no registrado en el país, buscando, asimismo, identificar y caracterizar los segmentos “críticos” en los que persisten núcleos duros de precariedad e informalidad. Por otro lado, describir las políticas públicas implementadas en los últimos años para abordar el fenómeno del empleo informal, incluido la reciente la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral promulgada en mayo de 2014, y analizar los desafíos que se presentan para profundizar su reducción.
En relación al primer aspecto, se destaca la caída de 14,5 p.p. en el empleo asalariado no registrado entre 2003 y 2012. Esta reducción implica un quiebre respecto a la trayectoria ascendente que se observó en décadas anteriores. No obstante, debe tenerse en cuenta que la informalidad aún permanece en niveles elevados, afectando al 34% de los trabajadores asalariados y al 58% de los trabajadores independientes. La tasa de informalidad laboral estimada para el total de ocupados se ubicaría en torno al 44%.
La reducción en el nivel de empleo asalariado no registrado observado en los últimos años esconde diferencias sustanciales por sector de actividad, tamaño de empresa y calificación de los trabajadores, entre otros atributos de los empleados y de las unidades productivas donde éstos se desempeñan. Así, es posible identificar un núcleo crítico compuesto por la industria de la indumentaria, dentro del sector manufacturero, los pequeños y medianos establecimientos (en particular los de la construcción y el comercio), el trabajo doméstico, el empleo por cuenta propia y el empleo en el sector rural.
En relación a las políticas implementadas, se pondera el enfoque adoptado para el combate de la informalidad, que integra y articula programas y acciones de diversa índole, tanto sociolaboral como económica, y que ha contribuido a la reducción del empleo no registrado. No obstante, si bien dicha estrategia ha sido exitosa, ciertas circunstancias de la actual coyuntura como la ralentización del crecimiento y la concentración de la informalidad en segmentos muy precarios y desarticulados de las cadenas de valor, obligan a fortalecer y rediseñar la estrategia. En relación a esto último, resulta auspicioso el nuevo conjunto de medidas diseñadas para promover el empleo registrado y prevenir el fraude laboral (Ley 26.940; mayo de 2014).
La informalidad tiene serias consecuencias para los trabajadores y sus familias, las empresas y también para la sociedad en general. Desde la Organización Internacional del Trabajo se ha identificado la formalización del empleo como un área prioritaria a nivel global, regional y nacional. En relación al ámbito nacional, la reducción de la precariedad laboral, el empleo no registrado y la informalidad ha sido definida, de manera tripartita por los constituyentes de la OIT, como una prioridad en el Programa de Trabajo Decente por País para Argentina.
