Si bien se incrementó la porción de las personas ocupadas que lo son porque realizan la contraprestación laboral de algún plan de empleo, el impacto de este efecto sobre el aumento de la ocupación es mínimo o, dicho en otras palabras, son otras las razones que lo explican.
En comparación con la situación previa a la pandemia, se observa además una composición del empleo de mayor calidad, en tanto incluye una proporción mayor de empleos asalariados registrados y un menor peso del empleo no registrado. Si bien las diferencias no son marcadas, representa un auspicioso cambio de tendencia.
En promedio, el poder adquisitivo de los ingresos laborales aumentó sólo 1,6% entre los cuartos trimestres de 2019 y de 2021; de modo que queda aún 18,1% por debajo si se compara la situación con la vigente en el último trimestre de 2017, previo a la fuerte caída que tuvo lugar al final del gobierno de M. Macri.
El mantenimiento de un bajo nivel salarial implica que el proceso de recuperación se haya dado con un marcado empeoramiento en la distribución del ingreso, que profundizó el que ya había tenido lugar durante la administración de Cambiemos. La participación de las remuneraciones en el valor agregado, que era de 51,8% en 2016, pasó al 46,1% en 2019 y descendió al 43,1% en 2021. Así, en los últimos años puede computarse un transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital de $ 7,7 billones, que equivalen al 46% de la masa salarial y al 19,6% del valor agregado de 2021.
A su vez, persiste una importante desigualdad entre los trabajadores y se amplió la brecha entre quienes más y menos ganan. En el cuarto trimestre de 2017 el ingreso laboral del 10% de los ocupados con mayor ingreso equivalía a 18,4 veces el promedio del 10% con menores ingresos; en el mismo trimestre de 2021 esa brecha creció hasta 24,1 veces. En comparación con la situación previa a la pandemia, el ingreso laboral del 10% con mayores ingresos creció 11,8% en términos reales, mientras el estrato medio continuó cayendo y el más bajo apenas se sostuvo.
La incidencia de la pobreza y de la indigencia resultaron del 36,1% y 8,0%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2021. Es decir, se trata de niveles inferiores a los previos a la pandemia. El descenso se vio limitado, sin embargo, ante la falta de recuperación en los ingresos de los hogares respecto de ese momento y, más aún, respecto de valores previos a la crisis de 2018-2019.
Políticas de ingreso como el haber jubilatorio mínimo, la Asignación Universal por Hijo y el salario mínimo, vital y móvil mantenían en diciembre de 2021 valores reales inferiores a los del mismo mes de 2019, de modo que puede decirse que no fueron utilizadas para empujar una recuperación de los ingresos reales y un descenso mayor de la pobreza.
Mientras tanto, la nueva aceleración de la inflación desde inicios de este año, vinculada con el alza internacional de precios de alimentos y materias primas, pone dudas sobre la continuidad de ese proceso de reducción en la pobreza.
En lo que respecta a los salarios registrados –que aumentaron 3,0% en términos reales entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2021– la subestimación de la inflación futura a la hora de definir la pauta salarial inducida por el gobierno, fue uno de los factores que dificultó la recuperación del salario incluso para los trabajadores formales, protegidos por el mecanismo de la negociación paritaria. Los gremios que están actualmente en negociaciones plantean acuerdos por períodos inferiores a un año, buscando que el salario no quede siempre detrás de la inflación.
En torno a estas evidencias, se discute actualmente si la propia recuperación económica y del empleo es suficiente para inducir un aumento en los salarios reales y, por esta vía, mejorar también la situación social. Cierto es que la baja en la tasa de desocupación implica para las y los trabajadores una situación de mayor fortaleza relativa; aunque con desigualdades muy grandes. Pero también es cierto que las políticas del Estado tienen incidencia –por acción u omisión– en la distribución del ingreso. Ante el deterioro acumulado en las condiciones de vida de las y los argentinos, esperar a que solo el libre mercado mejore estas condiciones implica sostener el empobrecimiento e incluso dificultar la propia recuperación de la economía.
