Luego de 26 meses de movilizaciones, de reuniones con organizaciones y dirigentes, con funcionarios pidiendo la intervención del Estado en la búsqueda de respuestas ante el naufragio que se llevó la vida de ocho jóvenes trabajadores del mar, se abre una nueva etapa en el reclamo de justicia. Sabemos que el esfuerzo económico que trae aparejado esta investigación no es un gasto innecesario. Por el contrario, para las familias damnificadas saber cuáles fueron los motivos del naufragio es un derecho irrenunciable. Y a su vez, debe ser señal y freno para empresarios inescrupulosos que continúan queriendo enriquecerse a costa de la vida de los trabajadores, porque esta pelea que se viene dando desde el campo popular no debe parar hasta que se garanticen los mecanismos legislativos y judiciales que permitan que acceder al trabajo portuario no ponga en riesgo la vida de hombres y mujeres.