La división del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo se ve burlada por quienes aceptaron ser elegidos como cabeza del Poder Judicial por el dedo de un presidente.
Siguiendo esa línea de escándalo constitucional antidemocrático, derogan una Ley que establece el funcionamiento del consejo de la magistratura (órgano que controla a los jueces, propone y remueve a los magistrados por sus faltas).
Rosatti, el mismo ministro de la corte que aceptó ser elegido a dedo por el presidente Macri, hoy propone estar de los dos lados del mostrador. Preside la corte y el órgano que tiene que controlar el funcionamiento del poder judicial.
Todo esto con desprecio de los organismos representantes de la voluntad y el voto de los argentinos previstos al establecer a través los constituyentes la normativa en la reforma de 1994. También ataca la representación y la legislación a través de los diputados y senadores elegidos por el voto popular, que son quienes deben legislar.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se toma la atribución de legislar pasando por encima a toda la organización democrática y a la Constitución misma.
Las consecuencias de este nuevo peldaño que se desciende en este período de profundización del descrédito y descomposición de la justicia en la República Argentina quedará coronado con este paso que pretende dar la corte.
La CSJN se asume así como cabeza y cómplice de la CORPORACIÓN JUDICIAL, cerrándose sobre si misma de espaldas al pueblo. Impone que se cambie la conformación del Consejo de la Magistratura, pero nada dice sobre la participación popular, realmente necesaria en este organismo, tanto con académicos de otras profesiones, como de la participación de la mujer, de representantes de organismos de DDHH (reales protagonistas históricos, de los mejores ejemplos de justicia en nuestra sociedad) y representación de les trabajadores en general y de les trabajadores judiciales en particular.
Los procesos del lawfare y persecución a les trabajadores, les representantes sindicales, a los partidos opositores, el espionaje y disciplinamiento (incluso a sus propios aliados políticos) son una amenaza para todes les argentines.
Atentan contra las libertades individuales, los derechos humanos, los derechos laborales y sindicales.
