Vemos posturas cada vez más radicales, agresiones verbales y físicas, intolerancia y expresiones de odio con respecto a todo lo que tenga que ver con la izquierda: Lula, Dilma, el PT y el color rojo.
Desde su reelección en 2014, la derecha del país viene persiguiendo a la Presidenta Dilma Rousseff sistemáticamente a través de un movimiento articulado por el capital financiero que intenta imponer la instalación de un proceso de destitución por medio de mecanismos como rechazo de las cuentas y denuncias vacías de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña. Aun usando estrategias frágiles, tanto del punto de vista moral como legal, la derecha ha conseguido avanzar en la tentativa de golpe, colocando en riesgo a la democracia y al estado de derecho en el país.
Hace 31 años salimos de una dictadura civil/militar que duró más de dos décadas. Y muchos de los verdugos de aquella época son los mismos que vemos hoy defendiendo la renuncia o la destitución de una presidenta elegida por más de 54 millones de brasileños y brasileñas.
Bajo la consigna del “combate a la corrupción”, los medios de comunicación, los partidos de centro y derecha, el empresariado en general y sectores del Poder Judicial y de la Policía Federal promovieron una política de odio al gobierno, al ex presidente Luiz Inácio LULA da Silva y al PT, y arrastraron a sectores significativos de la clase media y de la burguesía. Sin embargo, las acusaciones son vacías, no se pueden sostener y surgen de acciones de evidente ilegalidad cometidas por agentes públicos con el supuesto argumento de combatir a los “corruptos”.
Además de la Presidenta Dilma Rousseff, el ex Presidente Luiz Inácio LULA da Silva también se convirtió en un blanco de los golpistas. Es víctima de acusaciones sin ningún fundamento, de investigaciones que exponen su figura pública e invaden su vida familiar y personal. El ex presidente Lula no está siendo investigado, ni está imputado.
Se trata de una acción criminal con el objetivo de probar su presunta participación en actos ilícitos y, así, perjudicar su imagen, como parte de la estrategia para imposibilitar su candidatura en 2018.
En Latinoamérica ya vimos golpes así en Paraguay y en Honduras y hoy estamos frente a un movimiento, sin tregua, de varios sectores de la sociedad para incriminar a la Presidenta Dilma Rousseff y al ex presidente Luiz Inácio LULA da Silva, contando con la connivencia de sectores del poder judicial y el encubrimiento, por parte de los medios de comunicación, de delincuentes contra los cuales hay pruebas suficientes como para que estuvieran en prisión, como es el caso del Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), imputado en un proceso instaurado por la instancia superior de la justicia en el país por pérdida de decoro parlamentario, que incluye, entre otras acusaciones, el cobro ilegal de comisiones, y cuyo nombre, en esta última semana, se vio involucrado en el escándalo de los “Panamá Papers”, una investigación periodística mundial que denuncia a varios políticos que guardan dinero en paraísos fiscales. O incluso contra los cuales hay serios indicios de corrupción, como Aécio Neves (PSDB), candidato de la oposición derrotado en las últimas elecciones, y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC.
Desde el momento en el que Brasil pasó a tener un gobierno del campo popular democrático, Lula se ha proyectado como un líder político incomparable que supo, como nadie, construir un modelo económico y político que hizo posible la transformación social del país. En la herencia que su gobierno dejó a Brasil, debemos reconocer y resaltar que:
- Más de 40 millones de personas han salido del nivel de la miseria y pobreza extrema;
- Se ha retirado a Brasil del mapa del hambre de las Naciones Unidas, gracias al programa Bolsa Familia y otras políticas de inclusión social;
- Se han creado más de 8 millones de empleos formales, con todos los derechos laborales asegurados;
- Se han fortalecido las relaciones internacionales de Brasil, especialmente con los países de África, de Latinoamérica y con los países Árabes;
- Brasil ha saldado la deuda con el FMI y ha creado el mayor saldo de reservas externas en la historia del país (más de US$ 15 mil millones);
- Se ha ampliado la escolaridad de negros, blancos e indígenas, tanto en la educación básica como en la enseñanza superior;
- Se han creado políticas de cupos raciales y sociales para acceso a la universidad y al empleo público;
- Familias pobres han tenido la oportunidad de matricular a sus hijos en las universidades públicas o privadas;
- Se ha creado la Ley del presal, que posteriormente ha asegurado recursos para la educación y la salud (que corre el riesgo de ser derogada por el Congreso Nacional);
- Se han creado más de 250 nuevos Institutos de Educación Profesional y Tecnológica (con Dilma han llegado a las 354 unidades) y 10 nuevas universidades públicas (Dilma ha creado otras 8), además de centenas de nuevos campus universitarios;
- Se ha cuadriplicado la inversión pública en educación, con amplia adjudicación de fondos federales a los estados y municipios por medio del Fundeb;
- Se ha asegurado el reconocimiento de los empleados escolares como profesionales de la educación, con garantía de piso salarial y directrices nacionales de carrera;
- Se ha creado el piso salarial profesional nacional del magisterio;
- La matriculación escolar, para la franja etaria de los 4 a los 17 años, ha pasado a ser obligatoria.
Frente a todos esos avances, la sociedad, representada por las instituciones democráticas y por los movimientos sociales organizados, se ha articulado y ha salido a la calle incansablemente para denunciar el intento de golpe y para defender los valores democráticos de la sociedad y las garantías individuales de los ciudadanos.
La CNTE y sus sindicatos afiliados defienden un Brasil inclusivo y justo para todos y todas. Luchamos para que se preserven el empleo y la renta de los trabajadores y de las trabajadoras. Es nuestro deber, como representantes de la clase trabajadora, evitar el golpe que perjudica a la sociedad y deja al país vulnerable a los oportunistas, especialmente a aquellos que tienen el poder económico y ejercen la manipulación de los medios de comunicación.
El Estado Democrático de Derecho exige el respeto de todos a la Ley, de lo contrario el caos surgirá inevitablemente.
Lo que está en juego, en este momento, no es la defensa del Gobierno o de partidos. Se trata de defender a lademocracia, ¡que corre un serio riesgo!
Además, no hay justicia y orden social que se puedan mantener con ilegalidades y omisiones de instituciones y agentes públicos.
Este escenario deplorable incluso fomenta el fascismo que ya se ve y se siente a gran escala en el País.
¡No al golpe y en defensa de la democracia!
Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil
