El 19 de diciembre fue a aprobada la llamada “Ley Micaela” en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un varón que ya tenía antecedentes de ataques sexuales.

La ley propone la creación de un "Programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres", dirigido a quienes
integran los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos descentralizados sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INAM) y el Ministerio de Modernización. La totalidad de agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Implica que los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Celebramos que se haya concretado en la letra una demanda fuerte ya que casi a diario conocemos acciones y definiciones desde los diferentes poderes del Estado que dan cuenta de la falta de perspectiva de género con la consiguiente revictimización e injusticia que implica. Sabemos también que es necesaria para la construcción de miradas acordes a la magnitud de la violencia que vivimos.

Nos preocupa la aplicación plena de esta ley teniendo en cuenta el escaso presupuesto para políticas de género que destina el gobierno nacional y provincial acompañado por la aplicación del ajuste en los dispositivos de prevención asesoramiento y acompañamiento como sucede con las trabajadoras de la línea 144 a quienes le interrumpen los contratos, despiden y avasallan sus derechos como mujeres trabajadoras.

Desde la CTA hemos sostenido, históricamente, una clara posición con respecto al ejercicio de la violencia en general y de la violencia hacia la mujer en particular. Nuestra Central nuclea trabajadoras y trabajadores del ámbito y sabemos de la necesidad urgente de capacitación que se requiere para que todas las mujeres lesbianas travestis y trans puedan acceder al derecho a la salud, la educación, la justicia de manera plena. Pondremos el máximo de atención en la aplicación de esta ley y continuaremos demandando y exigiendo las políticas públicas de promoción, protección y erradicación de la violencia de género.

#MiraComoNosPonemos
#VivasLibresConTrabajoNosQueremos